En el mes de junio el Dr. Marcos Ncogo, director Adjunto del Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial (GITGE), ha concluido un extenso estudio en el que varios ministerios fueron consultados sobre su percepción del Big Data, su nivel de preparación tecnológica, su capacidad de análisis de datos y su disposición a participar en un modelo nacional de identidad digital. Los resultados confirman algo que muchos intuían pero que nadie había medido con rigor: existe una brecha profunda entre lo que las instituciones aspiran a ser y lo que hoy en día son capaces de hacer.
El primer dato que llama la atención es la diferencia entre importancia y percepción. Los ministerios otorgan un 60% a la importancia de la transformación digital —una valoración que coincide exactamente con la auditoría externa realizada en el marco de la investigación—, lo que demuestra que la agenda digital ha llegado ya a los despachos ministeriales. La discusión ya no es si hay que digitalizarse, sino cómo y cuándo.
Sin embargo, cuando la pregunta se vuelve más concreta —¿entienden sus funcionarios qué es el Big Data y para qué sirve? — la valoración cae en picado hasta el 21%. Para entender la magnitud de esta diferencia, basta con comparar ese porcentaje con el 87,5% que alcanzaron las empresas públicas de telecomunicaciones o el 78% de los sectores de banca y petróleo. Los ministerios, que son precisamente las instituciones llamadas a liderar la transformación del Estado, son los actores con menor comprensión práctica de las tecnologías que deberían implementar.
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio tiene que ver con la interoperabilidad, es decir, la capacidad de los distintos organismos públicos para compartir información entre ellos. La valoración obtenida es de apenas un 15%. En términos prácticos, esto significa que la mayoría de los ministerios operan hoy con bases de datos aisladas, sistemas incompatibles y procedimientos que no están conectados entre sí.
Las consecuencias de esta fragmentación son cotidianas y costosas: duplicidad de registros, retrasos en la tramitación de expedientes, dificultades para verificar la identidad de un ciudadano cuando se desplaza de una ventanilla a otra, e imposibilidad de cruzar datos entre departamentos para detectar fraudes o mejorar la planificación de políticas públicas. El investigador subraya que sin interoperabilidad no puede existir una identidad digital nacional funcional, que es precisamente el objetivo central de su propuesta.
La dimensión que registra la puntuación más baja de todo el estudio es la de análisis de datos: un 10%, incluso por debajo de la referencia de la auditoría externa, situada en el 15%. Esto no significa que las instituciones no generen información —la generan y en abundancia—, sino que esa información termina archivada sin ser convertida en inteligencia útil para gobernar mejor.
Las herramientas de análisis predictivo, los modelos de inteligencia de negocio o los sistemas de apoyo a la toma de decisiones basada en evidencia son todavía una realidad ajena a la administración pública ecuatoguineana. El Dr. Ncogo lo resume con claridad: el verdadero valor del Big Data no está en almacenar información, sino en analizarla y convertirla en conocimiento que mejore la vida de los ciudadanos.
A pesar del diagnóstico complejo, la investigación no termina con un mensaje pesimista. El potencial de contribución que los propios ministerios se atribuyen es del 72%, una cifra que evidencia que las instituciones no se ven a sí mismas como obstáculos sino como parte activa de la solución. Para el Dr. Ncogo, ese es precisamente el punto de partida que necesita Guinea Ecuatorial: instituciones conscientes tanto de sus oportunidades como de sus limitaciones. La hoja de ruta que propone pasa por fortalecer las infraestructuras tecnológicas, desarrollar talento local especializado, establecer marcos legales de gobernanza de datos, impulsar la interoperabilidad entre organismos y consolidar una cultura institucional que convierta los datos en una herramienta de gobierno y no en un simple trámite burocrático.
El país se encuentra, según concluye el estudio, en un momento decisivo. La ventana de oportunidad está abierta. La pregunta que queda sobre la mesa es si las instituciones, con el apoyo político y los recursos necesarios, serán capaces de atravesarla a tiempo.
